El Gobierno decreta un nuevo estado de excepción por 60 días en Esmeraldas y otras nueve provincias del país. La medida suspende derechos pero no incluye un toque de queda.
La decisión del Ejecutivo de implementar un nuevo estado de excepción a escala nacional pone de relieve la compleja situación de seguridad que atraviesan diversas regiones del país, con una particular atención en la provincia de Esmeraldas. A través de un decreto oficial emitido este martes dieciséis de junio, se estableció esta medida excepcional por grave conmoción interna, la cual tendrá una vigencia ininterrumpida de sesenta días. La disposición territorial abarca a diez provincias, incluyendo Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Azuay y la mencionada Esmeraldas, además de los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal. En este contexto, el despliegue gubernamental en la provincia esmeraldeña resulta un factor estratégico debido a las dinámicas delictivas transnacionales propias de su ubicación geográfica fronteriza.
Ampliación de las facultades operativas de las fuerzas de seguridad
Con la entrada en vigor de esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional adquieren competencias ampliadas para intervenir en los territorios designados. El marco legal del estado de excepción determina la suspensión temporal de los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad de la correspondencia. Esta condición jurídica permite a los estamentos de seguridad ejecutar allanamientos y operativos de inspección de manera expedita. En el contexto específico de Esmeraldas, una provincia fuertemente afectada por la presencia de grupos armados irregulares y su proximidad directa a las rutas limítrofes, esta disposición facilita la intervención en sectores identificados previamente como refugios o centros de operaciones de estructuras criminales. A diferencia de declaratorias anteriores, el actual decreto no contempla la aplicación de un toque de queda. Esta decisión permite mantener la movilidad ciudadana y las actividades productivas y comerciales, mientras las fuerzas del orden ejecutan sus labores de inteligencia y control táctico preventivo en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Disposiciones logísticas e informes de inteligencia nacional
El documento presidencial emitido autoriza también la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito que sean considerados estrictamente necesarios para garantizar la continuidad y eficacia de las operaciones tácticas. Esta facultad administrativa asegura que el contingente militar y policial desplegado en Esmeraldas, así como en el resto de las jurisdicciones intervenidas, cuente con los recursos indispensables para sostener sus intervenciones durante los dos meses de vigencia de la medida. La fundamentación de este decreto se sostiene en una serie de informes reservados elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia. Dichos documentos técnicos analizan detalladamente la incidencia de hechos violentos, ataques armados y la consolidación de redes criminales documentadas de manera exhaustiva durante el periodo comprendido entre el uno de mayo y la primera quincena de junio del presente año.
