José María Medina, jefe de cooperación de la Unión Europea en Ecuador, explica que sin tarifas para tratar las aguas residuales el país no podrá frenar la contaminación de sus ríos ni la desnutrición infantil. Mientras varias ciudades acceden a fondos europeos, Quito aún no presenta proyectos capaces de recibir ese financiamiento.
La calidad del agua potable y el saneamiento de la misma son factores decisivos para enfrentar la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Sin embargo, el país mantiene un rezago estructural que no solo se refleja en la falta de infraestructura, sino también en la ausencia de políticas públicas estables y en la incapacidad de generar proyectos técnicamente viables.
En conversación con LA HORA, José María Medina Navarro, jefe de cooperación de la Unión Europea (UE), fue claro: sin que la población pague por el saneamiento, Ecuador no podrá salir de la crisis de contaminación de sus ríos ni mejorar la salud pública.
“Una tarifa para el tratamiento de aguas residuales no es un costo, es una inversión”, sostiene Medina.
Para el funcionario europeo, uno de los mayores problemas en Ecuador es que el sistema de cobro contempla el agua potable que llega a los hogares, pero no la que sale y regresa a los ríos. Ese vacío, que ningún gobierno ha resuelto, genera un círculo vicioso: ciudades que no invierten, ríos contaminados, cultivos expuestos y comunidades que continúan enfermando.
En ciudades como Quito, la situación es crítica. Solo el 3% del agua servida es tratada; el resto llega al Machángara, baja al Guayllabamba y llega al Esmeraldas, mientras contamina zonas agrícolas que abastecen a gran parte de la región.
“Tienes un río contaminado que afecta a la salud pública, pero sin proyectos bancables y sin tarifas, no hay forma de financiar su tratamiento”, advierte Medina.
Tarifas, ley y visión: un modelo que Ecuador no ha construido
Según la UE, el país enfrenta una “falla de mercado” y una falla estatal: no existen metas obligatorias, plazos ni regulaciones que establezcan porcentajes mínimos de tratamiento de aguas residuales.
En Europa, explica Medina, la transición ecológica funciona porque hay una estructura legal clara: metas progresivas de reciclaje, tratamiento, emisiones o saneamiento, que deben cumplirse en cinco, diez o veinte años.
“Aquí no he escuchado nunca metas de ese tipo. Ni a cinco años, ni a diez. No existe esa visión”, afirma. Y añade que sin una hoja de ruta nacional, la cooperación internacional solo puede cubrir una parte mínima de las necesidades.
Pero el punto clave, insiste, es la tarifa. La UE sostiene que, con una ordenanza municipal clara y transparente, los ciudadanos podrían pagar un monto fijo destinado exclusivamente al tratamiento de aguas residuales.
Si tú dices: van a pagar $10 y esto financiará la planta que limpiará el río donde ustedes riegan sus cultivos y donde juegan sus hijos… la gente entiende que es una inversión en salud”, señala. Aun así, ningún nivel de gobierno ha implementado este esquema.
arifas, ley y visión: un modelo que Ecuador no ha construido
Según la UE, el país enfrenta una “falla de mercado” y una falla estatal: no existen metas obligatorias, plazos ni regulaciones que establezcan porcentajes mínimos de tratamiento de aguas residuales.
En Europa, explica Medina, la transición ecológica funciona porque hay una estructura legal clara: metas progresivas de reciclaje, tratamiento, emisiones o saneamiento, que deben cumplirse en cinco, diez o veinte años.
“Aquí no he escuchado nunca metas de ese tipo. Ni a cinco años, ni a diez. No existe esa visión”, afirma. Y añade que sin una hoja de ruta nacional, la cooperación internacional solo puede cubrir una parte mínima de las necesidades.
Pero el punto clave, insiste, es la tarifa. La UE sostiene que, con una ordenanza municipal clara y transparente, los ciudadanos podrían pagar un monto fijo destinado exclusivamente al tratamiento de aguas residuales.
“Si tú dices: van a pagar $10 y esto financiará la planta que limpiará el río donde ustedes riegan sus cultivos y donde juegan sus hijos… la gente entiende que es una inversión en salud”, señala. Aun así, ningún nivel de gobierno ha implementado este esquema.
Quito queda fuera: la capital no ha presentado proyectos para las líneas de financiamiento europeo
Aunque la UE mantiene inversiones importantes en ciudades como Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, donde financia plantas de tratamiento de agua, ampliación de sistemas y proyectos de saneamiento, Quito no aparece en ninguna de esas operaciones actuales.
No porque no tenga problemas, sino porque no ha generado proyectos técnicamente estructurados para acceder al financiamiento europeo, dicen en la UE. Una planta de tratamiento en una ciudad grande puede requerir más de $100 millones y años de preparación. Sin estudios sólidos, sin ordenanzas que sustenten la sostenibilidad del proyecto y sin políticas estables, la capital no califica.
Mientras tanto, ciudades medianas sí avanzan. Portoviejo, por ejemplo, ejecuta una operación de $130 millones financiada por la UE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y España.
Cuenca tiene otra junto al Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). “Vamos donde hay músculo financiero y condiciones para absorber esos proyectos”, explica Medina. En Quito, esas condiciones aún no existen.
El camino rural: llegar donde el Estado no llega
La desnutrición crónica infantil no se concentra en las capitales, sino en las zonas rurales. Por eso la UE trabaja a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que permite canalizar préstamos grandes y redistribuirlos entre gobiernos locales pequeños.
Una primera línea de $100 millones ya financia obras en unas 14 ciudades; una segunda línea, firmada en octubre de 2025 durante la cumbre UE – Celac, suma otros $100 millones y añade proyectos de gestión de residuos sólidos.
Son más de $400 millones en ejecución o en proceso, algo que solo es posible gracias al BDE, porque la UE, por costo de transacción, no puede prestar directamente a gobiernos locales muy pequeños.
“No podemos darle $3 millones a un cantón pequeño directamente. Pero sí podemos financiar 200 millones y que el BDE lo distribuya”, explicaron. (EC)La Unión Europea ha invertido en proyectos solo relacionados con agua potable un total de $400 millones.
