Tras la última intervención militar que erradicó la minería ilegal de Buenos Aires, en Imbabura, las autoridades están alerta ante la posibilidad de que los grupos mineros desmantelados se trasladen hacia zonas como Lita o Chical, en la provincia de Carchi.
El reciente operativo militar que desalojó a los mineros ilegales de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, marcó el cierre de una etapa violenta y contaminante en esa parroquia rural, pero también encendió nuevas alertas.
Las autoridades ahora temen que las bandas y grupos armados vinculados a la extracción ilícita de oro intenten reubicarse en otros puntos del norte de Ecuador, donde la presencia estatal es limitada y las condiciones geográficas favorecen la clandestinidad.
Durante casi una década, Buenos Aires fue el epicentro de la minería ilegal en el país, hasta donde miles de personas llegaron en los últimos años desde distintas regiones atraídas por el oro que se extraía en las montañas, el cual luego pasó a estar bajo control de organizaciones criminales como los Lobos, el grupo Oliver Sinisterra y disidentes de las FARC.
La intervención militar de octubre de 2025 destruyó más de 700 bocaminas, así como campamentos y plantas procesadoras, por lo que el Gobierno declaró el territorio bajo control total de las Fuerzas Armadas.
“El Ejército ecuatoriano permanecerá de forma permanente en Buenos Aires”, aseguró el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al confirmar que el bloque de seguridad compuesto por Fuerzas Armadas y Policía asumió el control total del área. Sin embargo, el desafío actual es evitar que las estructuras mineras ilegales migren hacia zonas cercanas.
Nuevos puntos bajo observación
Los reportes militares y de inteligencia apuntan a que los grupos desarticulados podrían trasladarse hacia la parroquia Lita, en Imbabura, o hacia sectores como Chical y Maldonado, en la provincia de Carchi. Estos territorios, montañosos y de difícil acceso, son similares a Buenos Aires en su geografía y vulnerabilidad institucional.
El general Ricardo Cajas, jefe de Operaciones del Ejército, reconoció la posibilidad de desplazamiento, pero advirtió que estarán presentes en cualquier sitio donde intenten instalar sus campamentos y bocaminas ilegales.
“Que sepan que a donde vayan el Ejército ecuatoriano los va a buscar”, advirtió al recalcar que la vigilancia se mantendrá en toda la zona norte.
El Ministerio de Defensa confirmó que se han reforzado los patrullajes en los corredores fronterizos y en las zonas mineras conocidas, ante la posibilidad de que los grupos delictivos intenten reactivar la explotación clandestina del oro.
Un negocio lucrativo imposible de abandonar
El atractivo económico detrás de la minería ilegal explica la persistencia del problema.
Como lo expuso LA HORA, una sola bocamina en Buenos Aires generaba más de $40.000 diarios, lo que equivale a seis veces el ingreso anual promedio de un ecuatoriano.
Es decir que, según las estimaciones, las más de 700 bocaminas ilegales producían cerca de $30 millones por día, recursos que no tributaban al Estado y que eran utilizados para financiar actividades delictivas.
“Yo estimaría que es incluso más”, dijo el general Cajas al referirse a los ingresos que obtenían las organizaciones criminales. Esta rentabilidad, dicen las autoridades, es la razón por la cual los grupos buscan mantenerse activos, cambiando de territorio y adaptando su logística para evadir los controles.
