El proceso para la revocatoria de Pabel Muñoz ya cuenta con 300.000 firmas, mientras la Corte Constitucional todavía analiza la acción extraordinaria de protección presentada por el Alcalde de Quito.
El proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, entró en una nueva fase tanto en lo político como en lo jurídico.
Néstor Marroquín, principal promotor de la iniciativa, informó que hasta el 12 de septiembre de 2025 se han recolectado 300.000 firmas de respaldo.
Añadió que hasta este 15 de septiembre recibirán las firmas de las personas que han recorrido la ciudad de forma voluntaria para apoyar la iniciativa. A partir del 30 de septiembre prepararán los sobres y las cajas para la entrega al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe ser hasta el 5 de octubre.
El objetivo es doblar el umbral legal necesario, que es de 205.000, para que el CNE no tenga inconvenientes en convocar a una consulta popular. Si es aprobada, ésta puede ir en la consulta popular que prepara el presidente de la República, Daniel Noboa.
La defensa del alcalde Muñoz insiste en pedido de celeridad a la CC
Muñoz espera un pronunciamiento legal en la Corte Constitucional. Él pide que se suspenda el proceso de recolección de firmas por presuntas irregularidades en la habilitación del mecanismo de revocatoria.
El 8 de agosto respondió formalmente a la contestación presentada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco del expediente 837-25-EP. El TCE defendió el proceso.
Su defensa sostiene que el Tribunal vulneró derechos constitucionales al resolver la apelación interpuesta por Marroquín y ordenar al CNE entregar los formularios de recolección de firmas. Los argumentos principales son:
- Violación al derecho a la defensa, pues no fue notificado ni considerado parte procesal.
- Incumplimiento de solemnidades procesales, como la falta de notificación del auto de admisión y la sentencia.
- Falta de motivación en la sentencia, que declaró un incumplimiento de funciones, sin especificar cuáles.
- Vulneración a la tutela judicial efectiva, porque no pudo rebatir las acusaciones ni presentar pruebas.
El alcalde Muñoz pide que se deje sin efecto la sentencia del 14 de marzo y el auto del 24 de marzo de 2025, y que el caso sea tramitado con carácter prioritario para evitar que avance un proceso “viciado”.
Los amicus curiae enfrentados
El 15 de agosto, el colectivo La Raíz Pensamiento Crítico presentó un amicus curiae a favor de Muñoz. En su escrito señalan que el burgomaestre fue dejado en indefensión al no ser notificado como parte procesal, lo que vulneró su derecho a la defensa.
En contraste, el abogado Santiago Becdach presentó otro amicus curiae el 26 de agosto, pero en respaldo del TCE. Argumenta que los únicos legitimados en un proceso de revocatoria son los ciudadanos solicitantes y que el funcionario afectado puede ejercer su defensa únicamente en la etapa posterior, es decir, durante la consulta popular.
Para Becdach, la revocatoria es un mecanismo ciudadano de control que no puede ser obstaculizado.
En entrevista con LA HORA, profundizó en su postura y explicó por qué decidió intervenir en el proceso: “El Alcalde dice que no fue notificado en la apelación, pero si nos vamos al estricto cumplimiento de la norma, el recurso lo interpuso el CNE, no él. Muñoz quiere ser juez y parte de un proceso que es derecho ciudadano. Obviamente, a un alcalde no le va a gustar si le revocan, pero la defensa le corresponde en la etapa electoral, si se llega a la consulta”.
El abogado recordó que participó en procesos de recolección de firmas en el pasado y cuestionó los intentos de Muñoz de frenar la iniciativa: “Siempre he defendido los derechos ciudadanos. En su momento apoyé la recolección contra Rafael Correa y ahora hago lo mismo. Quito vive una mala gestión y por eso hay tantos interesados en firmar. Muñoz quiere privar a la ciudadanía de este proceso por formalidades”.
Frente a los cuestionamientos por ser actualmente funcionario en el Gobierno de ADN, aclaró que “no tiene nada que ver con el Gobierno”, resaltando que su trabajo es técnico, no político. “Antes de ocupar este cargo ya respaldaba la revocatoria. Mi postura es independiente y está basada en el derecho ciudadano a decidir”.
Respecto al pedido del Alcalde de Quito de que la Corte resuelva el caso con urgencia, Becdach fue crítico: “Es contradictorio. Pide celeridad en un proceso que le conviene, cuando la Corte mantiene casos como el de la Liga Azul sin respuesta. Ojalá se resuelva en derecho, porque las competencias del TCE están claras y ya se ha pronunciado en procesos similares”.
La Corte Constitucional, por su lado, no tiene un plazo para pronunciarse sobre el pedido de Pabel Muñoz. (EC)
