Expertos destacan los esfuerzos de las fuerzas del orden para la lucha contra la delincuencia organizada, pero el éxito dependerá de la capacidad del Estado de articular áreas como Salud, Bienestar Social, Vivienda y Educación
Las provincias costeras son las más afectadas por la ola creciente de la violencia. Entre ellas están Guayas, Manabí y Los Ríos. Por lo que el Gobierno lanzó el plan Ofensiva Total, con el que se desplegó a 10.000 militares para combatir el crimen organizado.
Los Ríos acumuló 1.260 muertes violentas en 2025. En esa zona, los militares se movilizan de forma estratégica para reforzar la seguridad, apoyar a las fuerzas del orden y recuperar el control en sectores considerados de alto riesgo.
Desde el 31 de diciembre de 2025, a través del Decreto 277 se declaró estado de excepción en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Una fuente militar en Los Ríos informó a LA HORA que cuando ingresaron (en diciembre de 2025) a la jurisdicción que abarca cuatro cantones: Babahoyo, Montalvo, Baba y Urdaneta tenían 40 hechos violentos entre muertes por sicariatos y heridos. Y, hasta este 19 de enero de 2026 estos han disminuido a 13. Por lo que la fuente destacó que la disminución de la violencia en esa provincia ha sido del 46,67%.
La fuente añadió que ahora se realizan operaciones de defensa interna, que son operaciones que se realizan dentro del territorio nacional. También indicó que hay suficiente personal y vehículos multipropósito para mantener tranquila a la provincia.
Los Ríos es una de las provincias con más niveles de violencia, por lo que, según la fuente, el trabajo será sostenido y a largo plazo. Así, destacó que los resultados de disminución de la violencia reflejan el trabajo y el apoyo que han tenido desde la población y las autoridades.
También explicó que Los Ríos es una provincia neurálgica, porque es la aduana de la mercancía que baja desde la Sierra con dirección hacia los puertos de El Oro, Guayas y Manabí.
Una estrategia nacional para el combate al crimen
El general (sp) Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., recalcó la labor de los militares y policías para el combate al crimen organizado y dijo que todos los ecuatorianos los apoyan.
“Lastimosamente, en esta guerra nos hemos venido dando cuenta que los criminales ya habían logrado cooptar a elementos importantes en la función Legislativa, Judicial, inclusive elementos de la Policía y Fuerzas Armadas. De manera que es una situación mucho más complicada en la medida que se juegan intereses partidarios”, indicó.
Sin embargo, Moncayo afirmó que es hora de cambiar las normas y que se reúna el Consejo de Seguridad Nacional, lo que hace que “la Ley de Seguridad Pública esté incumplida o abandonada”.
Así el exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. insistió en que se requiere una estrategia nacional de defensa en la que deben participar todos los actores del poder nacional como lo militar, pero también las áreas social, económica y política, porque es el Estado el que está respondiendo a la amenaza.
La especialista en seguridad, Diana Mejía, de su parte, destacó que con el plan Ofensiva Total se ve una voluntad política de trabajar con la Policía y las FF.AA. en el trabajo contra el crimen organizado.
Mejía mencionó que se necesita una estrategia integral, pero que lo que se ha visto es una estrategia operativa, que se hace en territorio y que durará un periodo, aunque no se ha dicho cuánto tiempo vaya a durar ese proceso.
“Necesitamos la presencia de todo el Estado con Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Salud Pública, Vivienda, Saneamiento. Este tipo de falencias que se encuentran en los territorios hacen que sean un caldo de cultivo para que la gente se incorpore en los grupos de delincuencia organizada, que cada día aparecen con nuevos nombres y hay nuevas facciones”, detalló.
La voluntad política es clave
Cristian Ordóñez, especialista en seguridad, dijo que los elementos que se han visibilizado en estos días dentro de este plan de seguridad “no rompen lo que anteriormente se ha mostrado del Plan Fénix, es decir, la militarización y un impacto mediático, pero no tiene una real incidencia”. Recordó que, si bien en 2024 hubo una disminución de la violencia con esa misma estrategia, en 2025 hubo un gran repunte de estos índices.
Ordóñez enfatizó en que es necesario ver a la seguridad de forma integral y trabajar en prevención, pero recordó que también se necesita la voluntad política para tomar acciones en el combate.
Insistió en que se requiere socializar, a través de un escrito, el plan de seguridad y socializar a todos los sectores que hacen frente en cuanto a seguridad.
“No existe plan estratégico, donde se articulen las acciones y me parece que hay acciones un poco desarticuladas, aunque son valiosas”, dijo al señalar que se necesita esta articulación para tener una real incidencia en el combate efectivo a las amenazas y riesgos que azota al Estado ecuatoriano. (PSR)
