La Aduana del Ecuador formalizó la tasa del 30% por control aduanero a mercancías provenientes de Colombia, anunciada previamente por el Ejecutivo y que regirá desde el 1 de febrero de 2026.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) oficializó la creación de la tasa del 30% por servicio de control aduanero a las mercancías que provengan u sean originarias de Colombia, al expedir y publicar la resolución que convierte en norma una medida ya anunciada por el presidente Daniel Noboa el 21 de enero de 2026. El acto administrativo fue suscrito el 24 de enero y difundido oficialmente este 27 de enero, estableciendo su vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.
La tasa se aplicará sobre el valor en aduana de las mercancías que ingresen al territorio ecuatoriano bajo los regímenes de importación, de excepción y otros regímenes aduaneros, con las salvedades previstas en la resolución. Su administración estará a cargo del SENAE, mientras que la recaudación será realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), sin posibilidad de compensación mediante notas de crédito.
Según la Aduana del Ecuador, la implementación de esta tasa responde a una omisión sistemática de controles de salida en Colombia, situación que, a criterio de la entidad, ha trasladado al Estado ecuatoriano riesgos fiscales, costos adicionales de inspección y amenazas a la seguridad de la cadena logística. El objetivo declarado es fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional, garantizando la integridad de la recaudación fiscal.
Para cumplir con estos controles, las mercancías sujetas a la tasa deberán someterse a los canales de aforo establecidos por la normativa aduanera: aforo físico, documental o físico no intrusivo.
Para Sebastián Angulo, periodista y analista económico independiente, la resolución “convierte en norma lo que inicialmente fue un mensaje político del Ejecutivo”. A su criterio, el énfasis en exenciones estratégicas, como energía y petróleo, sugiere que la medida no busca frenar el comercio bilateral, sino trasladar el costo del control aduanero a segmentos específicos del flujo importador, utilizando la tasa como un instrumento de presión institucional y de seguridad, más que como un arancel tradicional.
La oficialización de la tasa, sin embargo, abre un nuevo frente de tensión en la relación comercial entre Ecuador y Colombia, especialmente en la frontera norte del país.
La resolución establece exenciones expresas. No estarán sujetas al cobro de la tasa las mercancías amparadas en los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo, reimportación en el mismo estado, devolución condicionada, tránsito aduanero, reembarque, transbordo y los vehículos de uso privado de turistas.
Asimismo, quedan excluidas las importaciones petroleras y de generación eléctrica y afines, que serán detalladas mediante un listado de subpartidas que emitirá la Dirección General del SENAE. También se exceptúa a los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaraciones aduaneras, así como a las operaciones contempladas con tarifa 0% en varios literales del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), vinculados a regímenes especiales o exoneraciones legales.
Preocupación en la frontera del Carchi
La Asociación de Depósitos Temporales del Carchi expresó su preocupación por las afectaciones que ya enfrenta el comercio binacional ante este nuevo escenario. Por su ubicación estratégica, la provincia cumple un rol clave en la importación, exportación y tránsito de mercancías, particularmente de productos agropecuarios, agroinsumos, materias primas para la industria y bienes de consumo.
Las empresas del sector advirtieron que la incertidumbre en la frontera impacta directamente en la actividad de almaceneras, bodegas, transporte, agenciamiento de aduana, distribución y abastecimiento regional, poniendo en riesgo empleos directos e indirectos de miles de trabajadores y pequeñas empresas que dependen de la operación logística fronteriza.
Frente a este contexto, el gremio hizo un llamado a reforzar los canales de diálogo entre ambos Estados y a asumir la coyuntura como una oportunidad para construir acuerdos integrales y sostenibles, que permitan ordenar el comercio, fortalecer los controles y garantizar condiciones claras y estables para la operación logística a largo plazo, con una visión de desarrollo compartido entre Ecuador y Colombia.
Empresarios andinos piden frenar medidas que golpean el comercio Ecuador–Colombia
Los miembros del Consejo Consultivo Empresarial Andino, reunidos el 26 de enero de 2026, expresaron su preocupación por las medidas anunciadas por los gobiernos de Ecuador y Colombia y advirtieron sobre sus posibles impactos negativos en el comercio bilateral, los mercados locales y los actores productivos de ambos países.
En un pronunciamiento conjunto, el sector empresarial subrayó la importancia de que las políticas de seguridad y orden público se adopten de forma coordinada y equilibrada, sin afectar el comercio lícito intrarregional, al que calificaron como un pilar del crecimiento económico, la estabilidad social y el fortalecimiento de la seguridad interna.
Los empresarios recordaron que el comercio intrarregional andino ha sido clave para incrementar la competitividad, diversificar mercados, generar empleo y mejorar la calidad de vida de millones de familias. Alertaron que la interrupción de estos flujos no solo afecta a la producción y al empleo, sino que también incentiva el comercio ilícito, las economías criminales y la inseguridad ciudadana.
El Consejo hizo un llamado a reforzar la cooperación entre los gobiernos para enfrentar de manera conjunta los desafíos de seguridad intrarregional, mediante mecanismos coordinados de prevención y respuesta, evitando la imposición de barreras que debiliten el comercio formal entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN).
Asimismo, respaldó el llamado urgente del Secretario General de la CAN a los Jefes de Estado de los países involucrados para abrir espacios de diálogo bilateral e institucional que permitan restablecer la confianza y alcanzar soluciones sostenibles. Propusieron que estos diálogos incluyan instancias técnicas, empresariales y sociales, y recordaron que cualquier medida debe ajustarse al ordenamiento jurídico andino.
Finalmente, el sector empresarial andino reafirmó su compromiso de colaborar constructivamente con los gobiernos y los organismos comunitarios, aportando propuestas técnicas que fortalezcan la integración regional, la competitividad y el bienestar de la población andina. (JS)
