La minería podría pasar del 1,7% al 5,9% del PIB ecuatoriano en 2030 con proyectos como Cascabel, Cangrejos y El Domo. Para aprovechar ese boom y potenciar la economía se necesitan carreteras, puertos, electricidad e incluso ferrocarril.
En Ecuador está en marcha uno de los ciclos mineros más prometedores de Sudamérica, con proyectos que podrían atraer más de $17.800 millones en inversiones hasta 2030 y generar 460.000 empleos. Ese nivel de inversión y de creación de trabajo podría multiplicarse para disparar la economía del país, pero hace falta articular a la minería con carreteras, puertos y energía eléctrica.
“Se requiere, urgente, una ancha carretera de múltiples vías para tráfico pesado, o un ferrocarril, que conecte las minas, Zamora y Loja con Machala y Guayaquil y sus puertos”, advierte el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.
Infraestructura vial y ferroviaria: el eslabón olvidado
Hoy, el transporte del mineral depende de camiones que recorren carreteras diseñadas para cargas agrícolas, mucho más livianas. Fruta del Norte y Mirador ya mueven cobre y oro por vías en mal estado, con tramos que se deterioran rápidamente y en las que los percances son frecuentes.
La expansión de proyectos como Mirador 2, Warintza, Panantza–San Carlos y Cangrejos duplicará o triplicará el volumen de carga en la próxima década. Eso exige una revolución logística: carreteras de múltiples carriles o, incluso, un ferrocarril de carga que conecte Zamora, Loja y Azuay con Machala y Guayaquil, integrando el corredor sur con los puertos principales.
En la Sierra Centro, minas como El Domo (Bolívar) y La Plata (Cotopaxi) podrían articularse a un corredor hacia Manta, consolidando un nuevo polo exportador. Y en el norte, el megaproyecto Cascabel (Imbabura) apunta directamente a Esmeraldas, lo que abre la necesidad de un corredor ferroviario minero que conecte el yacimiento con el puerto, siguiendo el modelo chileno y peruano.
Puertos de gran capacidad: la salida al mundo
El boom minero también requiere un salto portuario. Hasta ahora, las exportaciones se han hecho en puertos adaptados para banano, camarón o cacao, pero el cobre y el oro necesitan terminales especializadas.
Se trata de construir terminales de granel sólido con bandas transportadoras cerradas, bodegas herméticas y controles ambientales, además de infraestructura de seguridad reforzada para el transporte de metales preciosos.
Spurrier plantea que Ecuador debe concesionar al menos cuatro ejes viales con sus puertos de salida: Guayaquil y Machala para el sur, Manta para el centro y Esmeraldas para el norte. Experiencias de Perú (Matarani) y Chile (Antofagasta y Mejillones) muestran que los puertos mineros terminan impulsando también la agroindustria y la manufactura.
Energía para el boom minero: alianzas público-privadas, y cambios legales
El arranque de siete a nueve proyectos mineros de gran escala entre 2025 y 2027 exigirá un incremento sustancial de energía eléctrica en zonas donde hoy el sistema nacional no garantiza el suministro. La postura oficial de que las compañías mineras se hagan cargo de su propia autogeneración resulta poco viable, pues implica duplicar inversiones en una etapa en la que las empresas aún no tienen ventas. La alternativa es abrir el mercado a empresas internacionales de generación eléctrica que encuentren en las minas clientes seguros a largo plazo y que, además, puedan abastecer a grandes consumidores industriales (categorías AV1 y AV2), históricamente desatendidos.
Para concretar este esquema, Ecuador deberá realizar reformas legales —incluso de rango constitucional— que permitan un mayor ingreso de capital privado al sector eléctrico. De esta manera, el auge minero no solo se traduciría en exportaciones y recaudación fiscal, sino también en la creación de nuevos polos energéticos capaces de reducir la dependencia del Estado, evitar apagones y garantizar el suministro para otras ramas de la industria nacional.
Los proyectos en el centro del boom minero
Además de Mirador y Fruta del Norte, ya en operación, el futuro del sector depende de siete proyectos estratégicos:
- Curipamba–El Domo (Bolívar), en construcción.
- Loma Larga (Azuay), pendiente de resolución judicial y social.
- La Plata (Cotopaxi), previo a construcción.
- Cangrejos (El Oro), en exploración avanzada.
- Ruta del Cobre (Imbabura), en fase temprana.
- Cascabel (Imbabura), uno de los mayores depósitos de cobre en exploración en Sudamérica.
- Panantza–San Carlos (Morona Santiago), suspendido por conflictos sociales.
Con ellos, la minería podría elevar su peso en el PIB del actual 1,7% al 5,9% en 2030, acercándose a Chile y Perú, donde el sector supera el 10%.
Subía: “Estamos en un momento histórico”
El viceministro de Minas, Javier Subía, reconoce que Ecuador está ante un punto de inflexión: “Así como el petróleo transformó al país en los años 70, la minería puede ser la gran palanca de desarrollo para esta generación”.
Subía recuerda que el primer ciclo minero arrancó en 2019 con Fruta del Norte y Mirador, pero que “en estos siete años no se avanzó hacia una segunda fase de expansión”. Ahora, asegura, “se viene ya una etapa de soñar en grande, de soñar en un Ecuador que pueda transformarse”.
Entre las prioridades del Ministerio está reabrir el catastro minero, tras casi ocho años de cierre, y la atracción de capitales internacionales. De hecho, ya se han firmado acuerdos de exploración con Barrick Gold y hay “una docena de compañías de gran escala que han visitado el país para analizar inversiones”.
La joya de la corona es el proyecto LLurimagua (Imbabura), considerado uno de los mayores depósitos de cobre del planeta, cuya titularidad fue recuperada para el Estado tras un litigio con Codelco. “Estamos comprometidos a manejar este caso con total transparencia y con apoyo del Banco Mundial. No puede ser a dedo, tiene que ser abierto y competitivo”, enfatizó Subía durante un diálogo organizado por la Cámara de Minería del Ecuador.
El viceministro también resalta que Ecuador ya tiene casos de éxito que despejan dudas: “Fruta del Norte está considerada entre las 20 mejores minas del mundo, no solo por su producción sino por lo social y ambiental. Ya no es una promesa, es una realidad”.
Y sobre las comunidades, Subía es enfático: “Estamos en un momento histórico. Las seis grandes empresas que van a invertir casi $11.000 millones en los próximos años mantienen un altísimo estándar de relaciones comunitarias. La gente alrededor de los proyectos entiende el antes y el después en sus vidas a partir de la minería”.
Reapertura del catastro: oportunidades, conflictos y el caso Loma Larga
El catastro minero, cerrado durante más de siete años, comenzó a reabrirse en 2025 bajo un esquema gradual. En una primera fase se habilitó la pequeña minería no metálica, en el último trimestre se prevé abrir la pequeña minería metálica —principalmente de oro— y a partir de 2026 se permitirá el ingreso de proyectos de gran escala.
Además, el Gobierno también está impulsando un modelo particular para exploración: la ENAMI mantiene la titularidad de la concesión durante los primeros cuatro años, mientras las compañías privadas invierten en exploración y desarrollo bajo compromisos ambientales y sociales estrictos. Si incumplen, “la empresa nacional minera, al tener la titularidad minera completa, no tiene nada más que dar por terminado los acuerdos”, explicó el viceministro Subía.
Sin embargo, la reapertura no está exenta de problemas. Proyectos estratégicos como Loma Larga siguen bloqueados por disputas judiciales y resistencia social, pese a que la empresa a cargo (Dundee Precious Metals) impulsa acercamientos comunitarios. Subía advirtió que detrás de ciertos rechazos hay intereses ocultos y recordó lo ocurrido con Río Blanco, otro proyecto en Azuay: “Río Blanco, un proyecto que era de primer orden en el año 2017, empezó con un ataque exactamente igual, los mismos pasos, prácticamente los mismos actores, el mismo discurso que actualmente está en contra de Loma Larga”. Ese proyecto fue paralizado y luego tomado por minería ilegal, generando violencia e imposibilitando la entrada de la fuerza pública.
El viceministro cuestionó también la difusión de mensajes engañosos que asocian la minería legal con contaminación: “He escuchado decir que se van a extraer decenas de miles de toneladas de arsénico para botar en las fuentes hídricas. Eso no supera ningún tipo de análisis lógico”. Para Subía, la oposición a Loma Larga replica estrategias políticas y comunicacionales que, más que defender al ambiente, terminan allanando el camino a la minería ilegal. (JS)
