Cesar a Daniel Noboa como presidente mediante un proceso de revocatoria no es imposible, pero sí difícil en las actuales circunstancias por varios factores, señalan expertos, quienes advierten riesgos.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, no goza de la confianza y simpatía de un porcentaje de ecuatorianos desde hace meses. La crítica contra el mandatario es por los retos para resolver el principal problema del país: la inseguridad.
Así lo reflejaban encuestas de enero de 2026, en las que se evidencia un pesimismo de la ciudadanía frente a la situación actual, a nivel personal y de país.
Anuncios de una revocatoria de mandato a Noboa
El 30 de enero, Guido Perugachi, nuevo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), dijo públicamente que su organización trabajará en la revocatoria del mandato de Noboa. Actualmente, el tema se encuentra en una fase de socialización en territorios.
El 1 de febrero, Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana, publicó en X: “Revocatoria ya”. Lo hizo acompañado de una imagen con preguntas sobre la revocatoria del mandato a Noboa y a otras cinco autoridades.
Elementos que dificultarían la revocatoria
La revocatoria es un tipo de democracia directa, es decir, un proceso en el que los electores pueden intervenir para dejar sin efecto el mandato de una autoridad antes de que cumpla su periodo.Para revocar el mandato de un presidente se requiere el 15% de firmas de los inscritos en el registro electoral nacional.
Esteban Ron, constitucionalista y analista electoral, detalla los pasos que implica el proceso de revocatoria:
- Solicitud de revocatoria del mandato al Consejo Nacional Electoral (CNE).
- El peticionario debe enviar las evidencias según la causal por la que plantea la revocatoria.
- El CNE hace una revisión formal inicial sobre el cumplimiento de requisitos del pedido.
- Si se cumple, el CNE traslada de forma inmediata, sin calificar el pedido de revocatoria, a la autoridad a la que se pretende revocar el mandato (en este caso a Noboa).
- La autoridad cuestionada tiene siete días para impugnar el pedido de revocatoria.
- El CNE decide, con un informe jurídico, si da paso o no al pedido.
- En caso favorable, el CNE entrega al peticionario los formularios para la recolección de firmas, en un plazo de 180 días.
- El CNE verifica las firmas, en 15 días, y decide si llama o no al proceso electoral por la revocatoria.
Ron cuestiona que “las organizaciones políticas han mal aprendido a hacer los planes de gobierno demasiados etéreos, es decir, sin objetivos o estándares cualitativos y cuantitativos claros, porque no quieren que se dé una revocatoria del mandato”.
Observa que ese ya sería un inconveniente, pero advierte que hay otros factores que podrían “bloquear la iniciativa (revocatoria)”.
Aunque la “desazón existente” hacia la aceptación del Presidente podría facilitar la recolección de firmas, hay dos factores que complicarían el proceso, dice. “El CNE es un tiro al aire en cuanto a seguridad de procesos políticos. Con la sumisión que tiene Diana Atamaint (titular del CNE) hacia Noboa, no creo que dé paso o, por lo menos, va a demorar el proceso para que esto no interrumpa la agenda gubernamental. Va a ser muy complicado”.
“La revocatoria es una iniciativa constitucional de contrapeso ciudadano, pero es de muy difícil ejecución”, refiere. Hay otro factor: el miedo a la figura de persecución. “El CNE no tiene las garantías para el sigilo de identidad de los firmantes. Ese sería uno de los miedos para suscribir este tipo de procesos”, menciona.
Además, aún no se cumple el tiempo para iniciar una revocatoria. “Estas declaraciones sobre la revocatoria son para ganar un posicionamiento mediático, nada más. Ahora no sirve, pues Noboa no ha cumplido el primer año. No digo que sea imposible, pero categóricamente es muy difícil por la gestión que se requiere. Además, el pedido tiene que ser bien formulado y sustentado”.
Riesgos por recolectar firmas?
Néstor Marroquín impulsó la revocatoria del mandato de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, pero desistió para no poner en riesgo a quienes recolectaron las firmas.
Hay fases complejas en el proceso, dice: la causal que se plantee para la revocatoria y la verificación de las firmas.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece tres causales para la revocatoria de una autoridad:
- Incumplimiento de plan de trabajo, adjuntado a la ficha de inscripción de la candidatura.
- Incumplimiento de disposiciones legales al impedir o limitar la participación ciudadana.
- Incumplimiento de las funciones y obligaciones de su competencia.
El CNE demoró nueve meses en calificar la petición de Marroquín y entregarle los formularios. “Probar o decir que hubo un incumplimiento del plan de trabajo es muy difícil, porque el plan de trabajo es para todo el periodo (de cuatro años), no para el primer año. Es muy complicado probar que la autoridad incumplió su plan de trabajo”, advierte. Ve casi imposible que alguien pueda probar un incumplimiento en este 2026.
Lo que detuvo la revocatoria de Muñoz fue la calificación de las firmas. “El CNE puso un candado, una situación no prevista por los impulsores. Condicionan el ejercicio de un derecho constitucional al cometimiento de un delito penal, es decir, que quien recolecta las firmas debe jurar que estas pertenecen a las personas que suscribieron el formulario. Y eso es complicado porque nadie tiene esa capacidad, a no ser que sea grafólogo para validar esas firmas”, cuestiona.
Comenta que de esa manera existe el riesgo de que, si una firma tiene errores, el CNE la invalide y quien la recolectó caiga en un delito. “Eso sí atemoriza a los recolectores”.
Otro factor, dice, es que en un proceso de revocatoria siempre habrá dos “bandos”: los que lo impulsan y los que apoyan a la autoridad. “Puede ser que los partidarios de la autoridad se infiltren dentro de los que apoyan y a propósito firman mal”.
Otro factor a considerar por el peticionario es la logística. Marroquín se valió de voluntarios. (KSQ)
¿Importa quién plantea la revocatoria?
Alfredo Espinosa, analista político y electoral, cree que si se llega a aceptar el pedido de revocatoria, no se evaluará solo la causal planteada, sino toda la gestión de Noboa, también estará en juego la legitimidad del peticionario y la estabilidad del país.
“Será algo muy difícil, si bien es cierto el Gobierno ha acumulado desaciertos durante su gestión, no se puede negar que la reputación de las organizaciones indígenas tampoco es la mejor. Hay cuestionamientos, sobre todo después de las movilizaciones de 2019, 2022, 2025, así como la posición que tienen algunos dirigentes y sobre todo el ambiente de inestabilidad que se generaría dentro del país”, resume Espinosa.
Además, critica que no está claro el propósito final. “Debe haber una salida que le permita al país encontrar medianamente un rumbo político, jurídico y económico. Muchos dirán: le revocamos el mandato a Noboa y después ¿qué? Tendrá que asumir María José Pinto. ¿Y la historia continuará? Todo tiene que ser bien evaluado”, menciona.
Por eso duda que una revocatoria sea una opción actualmente. Considera que es más una estrategia para desviar al Gobierno de sus objetivos electorales de 2027. “La revocatoria del mandato parece una estrategia de presión y desgaste para generar una preocupación adicional al Gobierno y desenfocarlo de su objetivo matriz, y que defienda su propia existencia”.La Constitución establece que la revocatoria del mandato se puede solicitar una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Noboa cumple un año el 24 de mayo de 2026.
