La directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, Ana María Larrea, precisó que el caso Chevron no tiene todavía un monto definido de indemnización, pues el tribunal arbitral de La Haya aún no emite el laudo de cuantificación de daños. Explicó que la fase de evaluación económica se encuentra en curso y que el proceso, por su complejidad, “toma tiempo y se desarrolla bajo estricta confidencialidad”.
El pasado 12 de septiembre de 2025, durante una entrevista radial en Cuenca, el presidente Daniel Noboa dijo: “En el caso Chevron perdimos en Corte Internacional ya $800 millones que atrasan las negociaciones de aranceles con Estados Unidos”.
En otras palabras, el primer mandatario aseguró que ya estaba en firme el pago de $800 millones y que eso estaba trabando la posibilidad de cerrar una acuerdo para reducir o eliminar la sobretasa del 15% que estableció la administración de Donald Trump sobre las exportaciones ecuatorianas que ingresan a suelo estadounidense.
Sin embargo, durante una entrevista en Radio Centro de Guayaquil, Ana María Larrea, directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado (PGE), aclaró lo siguiente:
“El laudo de cuantificación de daños aún no ha sido expedido. No sabemos cuánto va a ser. Podrá ser $800 millones, podrá ser menos, podrá ser más”
Larrea fue categórica: el caso aún está en la fase final de resolución y no existe ningún fallo definitivo sobre el monto de indemnización. “El laudo de responsabilidad se dictó en 2018, pero el de cuantificación de daños todavía no. No hay condena definitiva”, enfatizó.
Según detalló, el tribunal arbitral de la Corte Permanente de La Haya determinó en 2018 la responsabilidad del Ecuador por denegación de justicia, pero la etapa posterior —la de cuantificación— se abrió en 2019 y “la audiencia concluyó a finales de 2022”. Desde entonces, explicó, el tribunal analiza una abundante prueba económica y técnica.
“Son tres años desde que la audiencia se cerró, pero como el caso es muy complejo y la reclamación de Chevron es muy cuantiosa, es razonable que el tribunal se tome su tiempo para hacer un cálculo justo y apegado a derecho”, señaló.
Larrea insistió en que no hay aún un valor fijado ni obligación inmediata de pago. “Estamos dentro de un plazo razonable. En Colombia, por ejemplo, un caso similar terminó sin cuantificación. No creo que tengamos esa suerte, pero habrá que esperar el laudo”, añadió.
Racha de triunfos arbitrales
Durante la entrevista, la directora destacó también que la Procuraduría atraviesa una racha inédita de laudos favorables en cortes internacionales.
Entre los casos más relevantes mencionó:
- Worley Parsons (2023): el tribunal declaró la existencia de corrupción y desestimó un reclamo de $200 millones. Ecuador, incluso, recibió $6 millones en costas.
- Codelco (2024): se evitó un pago de $541 millones y la entrega de participación en un yacimiento de cobre valuado en miles de millones.
- Solución Vial Guayasamín (SRBC): se declaró la nulidad absoluta del contrato, evitando un reclamo de $40 millones.
- Gunvor y Petroecuador: negociaciones exitosas permitieron el reingreso de $98 millones provenientes de multas por corrupción en EE. UU.
- Caso México ante la Corte Internacional de Justicia: Ecuador evitó medidas cautelares que habrían afectado su posición diplomática en el conflicto por el asilo a Jorge Glas.
Larrea subrayó que estos resultados reflejan un cambio de paradigma. “El sistema arbitral está entendiendo que no se puede premiar al inversionista que incurre en actos de corrupción. Nuestros argumentos de derecho público y de orden internacional están siendo escuchados.”, puntualizó
La funcionaria recalcó que la Procuraduría mantiene una línea técnica, discreta y apolítica, pero que los recientes triunfos merecen ser conocidos. “No hay que acostumbrarse, pero sí compartir las buenas noticias, porque no es común tener decisiones favorables tan seguidas”, dijo.
Finalmente, Larrea abogó por mayor transparencia en los arbitrajes una vez concluidos. “Los funcionarios públicos tenemos el deber de rendir cuentas y compartir los laudos, tachando las partes sensibles, porque estamos sujetos a la ley de transparencia”, concluyó. (JS)
