La Sociedad Interamericana de Prensa califica como una “restricción ilegítima” a los criterios militares de Ecuador para la acreditación selectiva de medios de comunicación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiestó su postura frente a la situación que ha alertado al sector de la comunicación en Ecuador.
Este 11 de febrero de 2026, la organización internacional señaló que “expresa su profunda alarma por los lineamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador (FF.AA.) para la coordinación, acreditación y gestión de medios de comunicación y periodistas en eventos institucionales, al considerar que instauran un sistema de control, evaluación y exclusión que configura censura previa y una restricción ilegítima al ejercicio del periodismo”.
La SIP cuestionó las directrices del Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación.
Advirtió que condicionar el acceso de los medios y periodistas a la información pública “vulnera de manera directa los principios constitucionales, la Declaración de Chapultepec y los estándares interamericanos de derechos humanos, que prohíben toda forma de censura y obligan a los Estados a garantizar un entorno libre y plural para la labor periodística”.
También cuestionó el comunicado de las Fuerzas Armadas, emitido la noche del 10 de febrero. En ese documento se justificó que “las disposiciones emitidas en materia de acreditación, evaluación y gestión de medios no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico, ni afectar el derecho a la información”. Pero la SIP considera que el contenido de ese comunicado es contradictorio.
Rechazo a la censura previa
Pierre Manigault, presidente de la SIP, advirtió en el comunicado de su organización que “ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa ni decidir qué medios o periodistas son aceptables en función de su enfoque o posición editorial”. Agregó que “eso equivale a una censura previa, una práctica expresamente prohibida en una sociedad democrática”.
Para Manigault, el acceso a la información pública debe ser garantizado en condiciones de igualdad. “Cualquier sistema que califique, filtre o excluya medios por el contenido de su cobertura vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, también se adhiere a la postura de rechazo.
Considera que los lineamientos de las Fuerzas Armadas “institucionalizan un modelo de control incompatible con la democracia y con el rol fiscalizador de la prensa”. Apuntó que las Fuerzas Armadas, como toda institución pública, están sujetas al escrutinio independiente. “No les corresponde evaluar contenidos periodísticos ni castigar el periodismo crítico”. (KSQ)
