El pedido de los representantes de la sociedad civil se produce a pocas semanas de que el CNE declare periodo electoral para las elecciones seccionales de 2027.
Además, “exigieron” al Cpccs y a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial del CNE evitar dilaciones “injustificadas, cálculos políticos o interpretaciones acomodaticias que solo profundizan el descrédito institucional”.
Agregaron que, este escenario se ve agravado por los antecedentes de las elecciones anticipadas de 2023, marcadas por una presunta falta de control al financiamiento político, situación que dio origen al denominado “Caso Caja Chica”, actualmente investigado por la Fiscalía General del Estado y que derivó en allanamientos a dirigentes políticos, excandidatos y asambleístas.
En el comunicado enfatizaron que estos hechos han profundizado la desconfianza ciudadana respecto de la capacidad real del sistema electoral para garantizar legalidad, control y transparencia, pese a que el Código de la Democracia en su artículo 211 es clara:
“El Consejo Nacional Electoral ejerce las funciones de control que en esta materia contempla la Constitución. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales”.
Opinaron que el actual momento electoral está atravesado por la fragilidad institucional, la desconfianza social y la ausencia de garantías mínimas de imparcialidad.
Actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, exvicepresidente del TCE, el académico Alfredo Espinosa y abogados como Pablo Piedra, Anabell Guerrero, entre otros, opinaron que la democracia no puede sostenerse sobre prórrogas injustificadas, ni autoridades sin legitimidad social.
“El país necesita un árbitro electoral independiente, confiable y respetado, capaz de garantizar procesos limpios y resultados incuestionables”, señalaron en un comunicado público.
Recordaron que, conforme al marco constitucional y legal vigente (artículo 218 de la Constitución y artículo 24 del Código de la Democracia, la renovación parcial del CNE debió realizarse en noviembre de 2021, y la renovación correspondiente al siguiente período en noviembre de 2024.
Sin embargo, ninguno de estos procesos se ha cumplido, a pesar de que la renovación parcial no obstruye ni altera la organización ni el desarrollo de los procesos electorales.
Pero tampoco se ha cumplido con el proceso de democracia interna para la ratificación o no de la Presidente y Vicepresidente en sus funciones.
“Como consecuencia de estas omisiones, el Consejo Nacional Electoral es rehén de la prolongada permanencia de sus consejeros”, indicaron.
Consideraron que, entre polémicas ligadas a la falta de independencia, Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero han ejercido sus cargos por un período que supera al de tres administraciones gubernamentales consecutivas.
A ello se suma Elena Nájera, quien, “tras intentar cubrir la vacante dejada por Luis Verdesoto, acumula ya cuatro años en el cargo”.
A los representantes de la sociedad civil también hicieron referencia a los resultados de la última encuesta de Click Research que, según dijeron, son contundentes y no admiten ambigüedades: 75 % de los encuestados considera necesaria la renovación del CNE, el 66,25 % exige la renuncia de todos sus consejeros, el 65,16 % cree que el organismo responde a intereses particulares y no al interés público. (SC)
