En 2026, por cada dólar que el IESS gaste en pensiones y salud, apenas cincuenta centavos provendrán de los afiliados activos.
El presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para 2026 deja una señal clara sobre el estado real del sistema: los aportes de los afiliados activos no alcanzan para sostenerlo.
De los más de $11.000 millones que la institución deberá desembolsar para cubrir pensiones, salud y otros beneficios y gastos, solo $5.533 millones provendrán de las contribuciones de quienes hoy están trabajando. El resto deberá financiarse con transferencias estatales incompletas y con recursos acumulados del propio Instituto (comerse las reservas del IESS).
Las cifras muestran un déficit profundo. Para 2026, el IESS proyecta gastos prestacionales por $10.601 millones, que se elevan a $11.011 millones al sumar los costos administrativos. Frente a ese monto, los aportes de los afiliados cubren apenas cerca del 50 % del presupuesto, una proporción que refleja el deterioro de la relación entre cotizantes y beneficiarios.
El mayor peso del gasto está en las pensiones. El 72 % del presupuesto del IESS se destinará al pago de jubilaciones, con desembolsos que superarán los $7.500 millones en 2026. Sin embargo, los aportes que alimentan el Fondo de Pensiones apenas llegarán a $3.437 millones, lo que deja un faltante superior a $4.100 millones solo en este rubro. Es decir, actualmente, los aportantes activos solo cubren alrededor del 46% de las pensiones; y el resto (54%) debe financiar con subsidio estatal y gastando parte de las reservas del sistema.
Este desbalance se explica, en buena medida, por el crecimiento sostenido del número de jubilados y pensionistas. Hasta finales de 2025, el IESS registraba cerca de 785.000 beneficiarios, un 5,5 % más que el año anterior. Para 2026, la entidad proyecta que la cifra bordeará los 840.000 pensionistas, lo que impulsará un aumento de 9 % en el gasto en pensiones frente a 2025.
El problema no se limita a las jubilaciones. El seguro de Salud, que cubre atenciones médicas y entrega de medicinas a afiliados y jubilados, también opera con aportes insuficientes. En 2026, el IESS prevé ingresos por $1.617 millones para este fondo, frente a gastos que ascenderán a $2.185 millones, en un contexto de alta demanda de servicios y restricciones en la red pública de salud.
El Estado no puede subsidiar todo lo que necesita el IESS cada año
La ley establece que el Estado debe cubrir el 40 % del pago de pensiones y otros rubros del sistema. No obstante, el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla para 2026 transferencias por $3.271 millones al IESS, casi $1.000 millones menos de los $4.218 millones solicitados por la entidad. Esa diferencia agrava el descalce entre ingresos y gastos y limita la capacidad del sistema para cerrar su brecha financiera.
Para 2026 se prevé un déficit fiscal de más de $5.600 millones, lo que significa que no existe espacio para dar más subsidio al IESS.
Ante este escenario, el IESS prevé una desinversión de $1.407 millones de sus reservas para equilibrar el presupuesto de 2026. De ese monto, $1.265 millones se destinarán a cubrir el déficit del fondo de pensiones, mientras que el resto irá a otros fondos, como el salud y Seguro Social Campesino. La institución advierte que, si el Estado transfiere menos recursos de los previstos, la desinversión deberá ser aún mayor.
El uso de reservas tiene un impacto directo sobre el portafolio de inversiones administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y reduce el margen de maniobra del sistema a futuro. Las reservas funcionan como un respaldo cuando los aportes y las transferencias estatales no alcanzan; depender cada vez más de ellas refleja la fragilidad del esquema actual de financiamiento.
La deuda histórica con el IESS todavía no se empieza a pagar
A este cuadro se suma la deuda histórica del Estado con el IESS, que asciende a unos $27.000 millones, incluidos intereses. Aunque la ley reformada en 2024 obliga a suscribir un convenio de pago a 10 años, el acuerdo sigue pendiente, a la espera de auditorías y definiciones por parte del Ministerio de Economía.
Si se comenzaría a pagar esa deuda desde 2026, el Estado tendría que desembolsar al menos $2.700 millones adicionales cada año hasta 2036. Eso equivale a casi el doble de lo que se gasta anualmente en bonos y ayudas sociales. (JS)
