El contexto global agrava el desafío: la onza troy de oro ha superado los $4.100, un incremento de casi el 50% frente al año anterior. Esta alza ha reactivado las mafias que buscan aprovechar la demanda mundial y el débil control estatal en zonas rurales. ¿Se puede replicar lo hecho en Buenos Aires a otros puntos de minería ilegal? Benalcázar sostiene que el operativo en Buenos Aires puede servir de modelo para otros focos de extracción ilícita. “El Gobierno ya ha identificado geoespacialmente los puntos calientes de minería ilegal: Zamora Chinchipe, Imbabura, Morona Santiago, Esmeraldas, Napo y Azuay. Es totalmente replicable en zonas de características similares”, asegura. Sin embargo, advierte que en regiones amazónicas, donde las mafias contratan a miembros de comunidades indígenas, incluso niños, para el trabajo en ríos, “un bombardeo no sería factible”. En esos casos, explica, el combate debe centrarse en cortar la cadena económica. “El único objetivo de los mineros ilegales es el oro; hacer difícil su refinación y comercialización es el camino”, agrega. Para ello propone implementar trazabilidad mediante tecnología satelital, sensores y auditorías técnicas y fiscales, siguiendo modelos aplicados en Chile y Canadá. También plantea articular esfuerzos entre ARCOM, SRI, UAFE y Aduanas para detectar flujos irregulares y lavado de activos. “Solo con trazabilidad integral se puede desarticular el componente económico de las redes ilegales”, advierte. El rol clave de la Empresa Nacional Minera Otro punto neurálgico, según Benalcázar, es el papel de la Empresa Nacional Minera (Enami). “El presidente Noboa ha manifestado su compromiso de transformar la Enami en una entidad operativa, con capacidad de exploración, gestión y desarrollo de proyectos mineros, y posicionarla como actor clave en la transición hacia una minería formal, trazable y con valor agregado”, afirmó. En el caso específico de Buenos Aires, explica que la concesión IMBA2 ha estado suspendida desde 2019 por motivos de inseguridad. “Al no existir hoy esas condiciones, se debería levantar la suspensión y declarar el proyecto de interés nacional”, sugiere. Esto permitiría atraer inversión formal mediante acuerdos comerciales con empresas serias, replicando experiencias internacionales de cooperación minera. Minería ilegal en Ecuador: una guerra de largo aliento El combate a la minería ilegal no puede quedarse solo en los operativos militares. La Cámara de Minería del Ecuador plantea medidas estructurales: abrir el catastro minero con filtros de idoneidad, fortalecer la gobernanza y transparencia, evitar una formalización indiscriminada, que legitime a la narcominería y, sobre todo, generar alternativas productivas para las comunidades rurales. La minería industrial formal ya ha mostrado resultados: desde 2019, proyectos como Fruta del Norte han exportado $12.000 millones y solo este año aportarán más de $400 millones en impuestos. Para Benalcázar, ese es el camino. “Ecuador tiene el potencial de pasar del caos minero al desarrollo sostenible, pero requiere decisión política y continuidad. Lo que se inició en Buenos Aires puede ser el inicio de una nueva era”, concluye. (JS) Río Blanco: ejemplo de lo que no se debe hacer El proyecto Río Blanco, en Molleturo (Azuay), fue en su momento uno de los más prometedores del Ecuador. Sin embargo, el propio viceministro de Minas, Javier Subía, reconoció que el Estado ha perdido el control de ese territorio. “Vayan y entren si es que pueden al proyecto Río Blanco, hemos perdido el control ahí, la Policía cuando entra le queman los vehículos. Les invito a los antimineros a que vayan a ver qué sucede ahí”, dijo. Según el Gobierno, Río Blanco está tomado por el grupo delictivo los Lobos, el mismo que domina la minería ilegal en Buenos Aires. Río Blanco, inaugurado en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, era un proyecto de oro y plata a cargo de la china Junefield, con reservas de 600.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. Pero en 2018 fue paralizado por una acción de protección impulsada por grupos antimineros, encabezados por Yaku Pérez. Desde entonces, la mina quedó abandonada y en manos de mineros ilegales. Mientras el oro sale por rutas clandestinas, Junefield demanda al Estado ecuatoriano por $480 millones ante un tribunal internacional, que ya admitió su competencia para juzgar el caso. Más Leídas 1¿Qué se sabe del paro nacional en Ecuador hoy, miércoles 22 de octubre? Seguridad ¿Qué se sabe del paro nacional en Ecuador hoy, miércoles 22 de octubre? 2Imbabura: gremios advierten que el paro podría llevar a una guerra civil si el Gobierno no actúa Imbabura – Carchi Imbabura: gremios advierten que el paro podría llevar a una guerra civil si el Gobierno no actúa 3Reforma a la jubilación patronal en Ecuador: tres modelos se discuten sobre el futuro de un beneficio que casi nadie recibe Economía Reforma a la jubilación patronal en Ecuador: tres modelos se discuten sobre el futuro de un beneficio que casi nadie recibe 4¿Qué se sabe luego del fin del paro nacional en Ecuador hoy, jueves 23 de octubre? 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El Ministerio de Educación sin un número de estudiantes que no fueron a clases presenciales durante el paro

El 23 de septiembre de 2025, LA HORA consultó al Ministerio de Educación cuántos estudiantes no iban a clases presenciales debido al paro nacional promovido por la Conaie. La cartera de Estado, liderada por Alegría Crespo, se ha negado a dar ese dato, pero sí detalló que de 16.000 instituciones educativas, el 1,65% no asisten presencialmente a clases. Es decir, 264 escuelas y colegios ubicados, principalmente, en Imbabura y Cotopaxi.

En todo el sistema educativo (16.000 instituciones) hay un total de 4,1 millones de estudiantes, en 264 instituciones habría más de 67.000 alumnos que no asisten de manera presencial. Ese número, sin embargo, puede variar ya que no todas las escuelas y colegios tienen el mismo número de estudiantes.

El Ministerio de Educación –aunque evita dar el detalle de cuántos estudiantes no fueron a las aulas desde que inició el paro nacional–, sí informó que “la modalidad no presencial no solo implica clases virtuales, sino también fichas pedagógicas, proyectos autónomos y acompañamiento por diversos canales de comunicación”. (AVV)