El bombardeo y desalojo en las minas ilegales de Buenos Aires (Imbabura) fue la primera muestra de una estrategia integral que el Gobierno de Daniel Noboa impulsa para frenar la expansión del oro del crimen organizado.
El exviceministro de Minas y expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleos, Fernando Benalcázar, considera que lo ocurrido en la localidad de Buenos Aires, provincia de Imbabura, representa un antes y un después para la política minera del país. “Por primera vez un presidente ecuatoriano declara la guerra de frente al narcotráfico y sus redes de financiamiento, como la minería ilegal. Noboa está haciendo lo que ningún otro mandatario en la región se ha atrevido a hacer”, aseguró en entrevista con LA HORA.
Benalcázar destaca que esta ofensiva es el resultado de un enfoque interinstitucional que articula al Servicio de Inteligencia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entes ambientales, financieros y judiciales. “La diferencia respecto a gestiones anteriores es que las órdenes vienen directamente del Presidente y su círculo más cercano. Eso permite una acción coordinada, contundente y sostenida”, explicó.
El exfuncionario enfatiza que el bombardeo en las minas ilegales de Buenos Aires, que fue realizado bajo inteligencia territorial y trazabilidad operativa, simboliza una ruptura con el pasado. “Todos estamos cansados de ver cómo el crimen organizado y la impunidad permiten a sus cabecillas hacer gala de lo mal habido. Hoy, gracias al liderazgo del Presidente y sus contactos internacionales, vemos cómo esos actores van cayendo en la Justicia de Estados Unidos”, apuntó.
El oro: el nuevo motor del crimen organizado en Ecuador
El auge del oro ilegal ha convertido a este metal en la nueva moneda del crimen organizado. Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), el 67% del oro extraído en el país proviene de la minería ilegal, una actividad que mueve más de $1.000 millones al año.
El fenómeno se ha extendido por al menos 16 provincias (más de 300 puntos), desde Imbabura hasta Zamora Chinchipe, y deja a su paso contaminación con mercurio, evasión tributaria y violencia.
“El oro ilegal es hoy el nuevo producto estrella del crimen organizado”, dijo Carlos Ruiz, ingeniero en minas y petróleo.
El contexto global agrava el desafío: la onza troy de oro ha superado los $4.100, un incremento de casi el 50% frente al año anterior. Esta alza ha reactivado las mafias que buscan aprovechar la demanda mundial y el débil control estatal en zonas rurales.
¿Se puede replicar lo hecho en Buenos Aires a otros puntos de minería ilegal?
Benalcázar sostiene que el operativo en Buenos Aires puede servir de modelo para otros focos de extracción ilícita. “El Gobierno ya ha identificado geoespacialmente los puntos calientes de minería ilegal: Zamora Chinchipe, Imbabura, Morona Santiago, Esmeraldas, Napo y Azuay. Es totalmente replicable en zonas de características similares”, asegura.
Sin embargo, advierte que en regiones amazónicas, donde las mafias contratan a miembros de comunidades indígenas, incluso niños, para el trabajo en ríos, “un bombardeo no sería factible”. En esos casos, explica, el combate debe centrarse en cortar la cadena económica. “El único objetivo de los mineros ilegales es el oro; hacer difícil su refinación y comercialización es el camino”, agrega.
Para ello propone implementar trazabilidad mediante tecnología satelital, sensores y auditorías técnicas y fiscales, siguiendo modelos aplicados en Chile y Canadá. También plantea articular esfuerzos entre ARCOM, SRI, UAFE y Aduanas para detectar flujos irregulares y lavado de activos. “Solo con trazabilidad integral se puede desarticular el componente económico de las redes ilegales”, advierte.
El rol clave de la Empresa Nacional Minera
Otro punto neurálgico, según Benalcázar, es el papel de la Empresa Nacional Minera (Enami). “El presidente Noboa ha manifestado su compromiso de transformar la Enami en una entidad operativa, con capacidad de exploración, gestión y desarrollo de proyectos mineros, y posicionarla como actor clave en la transición hacia una minería formal, trazable y con valor agregado”, afirmó.
En el caso específico de Buenos Aires, explica que la concesión IMBA2 ha estado suspendida desde 2019 por motivos de inseguridad. “Al no existir hoy esas condiciones, se debería levantar la suspensión y declarar el proyecto de interés nacional”, sugiere. Esto permitiría atraer inversión formal mediante acuerdos comerciales con empresas serias, replicando experiencias internacionales de cooperación minera.
Minería ilegal en Ecuador: una guerra de largo aliento
El combate a la minería ilegal no puede quedarse solo en los operativos militares. La Cámara de Minería del Ecuador plantea medidas estructurales: abrir el catastro minero con filtros de idoneidad, fortalecer la gobernanza y transparencia, evitar una formalización indiscriminada, que legitime a la narcominería y, sobre todo, generar alternativas productivas para las comunidades rurales.
La minería industrial formal ya ha mostrado resultados: desde 2019, proyectos como Fruta del Norte han exportado $12.000 millones y solo este año aportarán más de $400 millones en impuestos. Para Benalcázar, ese es el camino. “Ecuador tiene el potencial de pasar del caos minero al desarrollo sostenible, pero requiere decisión política y continuidad. Lo que se inició en Buenos Aires puede ser el inicio de una nueva era”, concluye. (JS)
Río Blanco: ejemplo de lo que no se debe hacer
El proyecto Río Blanco, en Molleturo (Azuay), fue en su momento uno de los más prometedores del Ecuador. Sin embargo, el propio viceministro de Minas, Javier Subía, reconoció que el Estado ha perdido el control de ese territorio. “Vayan y entren si es que pueden al proyecto Río Blanco, hemos perdido el control ahí, la Policía cuando entra le queman los vehículos. Les invito a los antimineros a que vayan a ver qué sucede ahí”, dijo.
Según el Gobierno, Río Blanco está tomado por el grupo delictivo los Lobos, el mismo que domina la minería ilegal en Buenos Aires.
Río Blanco, inaugurado en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, era un proyecto de oro y plata a cargo de la china Junefield, con reservas de 600.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. Pero en 2018 fue paralizado por una acción de protección impulsada por grupos antimineros, encabezados por Yaku Pérez. Desde entonces, la mina quedó abandonada y en manos de mineros ilegales.
Mientras el oro sale por rutas clandestinas, Junefield demanda al Estado ecuatoriano por $480 millones ante un tribunal internacional, que ya admitió su competencia para juzgar el caso.
