El paro de 2025 no se ha activado en todas las provincias, pero ya superó al de 2022 en el número de días y no hay señales de que termine por parte de la Conaie. El tema del diésel sigue siendo el punto que genera el “choque”.
Hay la expectativa de si hoy, 20 de octubre de 2025, se concreta la instalación de las mesas técnicas ofrecidas por el Gobierno de Daniel Noboa con dirigentes indígenas de Imbabura.
El paro de 2025 cumple 30 días, contados desde el 21 de septiembre que empezaron las protestas y cierres de vías por parte de las organizaciones indígenas y sociales. Aunque el paro fue anunciado el 18 de septiembre. A un mes del paro hay tres fallecidos, según la Conaie.
3 personas han fallecido en el contexto del paro, según la Conaie: Efraín Fuerez y José Guamán a causa de proyectiles de la fuerza pública, y Rosa Elnea Paqui por inhalación de gases lacrimógenos.
Diésel, el punto de discordia
La Conaie ratificó que el paro se mantiene, pues su Consejo de Gobierno y sus regionales no fueron convocados a la mesa de diálogo del 15 de octubre en Otavalo.
El mandatario Noboa tampoco cede en su política que eliminó el subsidio al diésel, con el decreto 126. “Nos ha tocado tomar medidas durísimas. Nos ha tocado hacer cosas que antes cinco veces han fracasado. Pero hoy podemos darle la tranquilidad a la gente y podemos regresar a nuestras casas después de haber sostenido todos los embates del crimen organizado, todos los embates de la oposición que nos quería tumbar”, expresó Noboa el 17 de octubre en Los Ríos.
El paro nacional no es financiado por el narcotráfico, declaró Marlon Vargas, presidente de la Conaie ese mismo día, desde Quito mientras descargaba alimentos que serán trasladados a Imbabura en un convoy humanitario. “La resistencia sigue y con nuestros productos”, reiteró Vargas.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) es parte del Parlamento de los Pueblos, integrado por la Conaie y otras organizaciones sociales. Se reunieron el 16 de octubre.
“El Parlamento dio un paso sustentando de manera técnica, política, social y económica varias de sus demandas que en los próximos días lo va a hacer público (en una propuesta)”, comentó Andrés Quishpe, presidente de la UNE. “La demanda principal es la derogatoria del decreto 126 porque eso es lo que ocasionó toda la conflictividad social que se está produciendo”, reiteró.
“El decreto 126 establece la necesidad de eliminar el subsidio al diésel hasta llegar al precio internacional. Si no se deroga es imposible abrir el camino a otras alternativas, que desde los sectores sociales y del movimiento indígena estamos dispuestos a debatirlas”, señaló.
¿Hay logros para los sectores sociales?
Quishpe considera que durante el tiempo que ha durado el paro “sí se han logrado algunos temas”.
Ejemplifica el caso de Quimsacocha. El 25 de septiembre el Gobierno anunció el proceso para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, en Cuenca. Quishpe subrayó que eso se debió en parte a los procesos de resistencia desarrollados en el contexto del paro. “No solo cabe la suspensión, sino la revocatoria, pero se ha dado un primer paso”, destacó.
“También se logró que la Corte Constitucional (CC) emita su sentencia (el 26 de septiembre) frente a la Ley de Integridad Pública, no se han dado más despidos de servidores públicos”, agregó.
Para el dirigente, el paro obligó al Gobierno a dar compensaciones a otros gremios de transportistas y no solo al de pasajeros, así como a entregar bonos. “No constaba el dar una compensación económica al transporte escolar, comercial, lo hace para desactivar a un sector y no se incorporen a la lucha. No había la masificación de entrega de bonos a comunidades campesinas, el paro obliga al Gobierno a distribuir los recursos económicos. Si alguien está perdiendo en este momento es la política del Gobierno”, evaluó.
Hasta el 16 de octubre, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó en Un Café con JJ que alrededor de 19.000 transportistas han recibido la compensación, 83.000 bonos Raíces se entregaron a los agricultores y 55.000 nuevas familias recibirán el bono de Desarrollo Humano. Los beneficios sociales son el motivo que el Gobierno defiende para justificar que no retrocederá en su medida sobre el diésel.
En la reunión del Parlamento también se trató sobre el traslado del convoy. Quishpe no reveló la fecha para el viaje, pero adelantó que será una caravana que tendrá el acompañamiento de dirigentes y representantes de organizaciones de derechos humanos del país.
El Estado debe dar una salida al conflicto
Luis Verdesoto, académico y analista político, apuntó que hay una diferencia entre las partes de este conflicto: el Gobierno representa al Estado en su conjunto y la Conaie representa una alianza social determinada.
“El Estado es el único que tiene la obligación de tener una visión de conjunto y sobre esa visión saber por dónde va a salir de este conflicto que daña la convivencia pacífica. Tengo la impresión de que el Gobierno no entró a medir en sus respuestas para saber por dónde puede salir”, evaluó Verdesoto.
Señaló la relevancia de que el Gobierno comprenda los actores que tiene al frente, que no es solo el movimiento indígena sino actores directos e indirectos o actores que pueden generar violencia como “el gran crimen”.
Continúa: “Lo que hemos tenido es un choque de casi un mes donde se enfrentaron dos estrategias similares que no buscaban una salida”. El Gobierno con el incremento del uso de la fuerza y los grupos indígenas con su necesidad de resistir, agregó. Pero la salida se estructura a través de diálogos, enfatizó.
Ve que el Gobierno no está entendiendo que una negociación es un intercambio de elementos con una raíz común. “El diésel es un elemento detonante en el cual confluye una situación determinada, pero que se tiene que abrir la salida a través de políticas públicas que cubran a los sectores más deprimidos del país”, explicó Verdesoto. “Aquí se confundió la técnica tradicional de negociación con el clientelismo puro, duro y simple, que es salir y repartir».
Debido a cómo actúan, Verdesoto observa que las dos partes articularon ya sus estrategias a la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente, pero cree que “lo más sano para el país es que no se produzca (el 16 de noviembre)” porque hay un ambiente de “voluntades políticas y sociales ríspidas (intratables)”.
Ecuador pierde en medio del paro
Para Fernando Gavilanes, analista político, tras cumplirse 30 días del paro no hay ganadores, pero sí pérdidas.
“Ecuador pierde frente al odio, la desinformación y la incapacidad del Estado para construir consensos mínimos. Este paro no solo ha bloqueado carreteras, ha expuesto la descomposición social de un país agotado por la desigualdad, la indiferencia y la falta de conducción política”, evaluó.
Enfatizó que “las pérdidas económicas son graves, pero más dolorosas son las vidas perdidas, donde tres familias hoy lloran a los que no están junto a ellos”.
Como el país pierde, también pierden las partes en conflicto. “Ambos pierden. El Estado se debilita, la institucionalidad se erosiona y la ciudadanía se resigna a vivir en crisis. La Conaie sufre fisuras internas y su dirigencia ha sido rebasada por las bases. El Gobierno, sin gestión ni estrategia clara, demuestra que la comunicación sin resultados solo multiplica la frustración. La represión no impone orden, profundiza la fractura social”, apuntó.
Pero mencionó que hay quienes se beneficiarían: “Los únicos que ganan son los grupos criminales que se fortalecen en medio del caos”.
A Gavilanes tampoco le parece pertinente la consulta popular en el contexto actual. “La consulta es un error político que refleja la desconexión del poder con la realidad. En medio de una crisis social, económica y de seguridad, insistir en una campaña divide más al país”.
Hace un planteamiento: “Ecuador no necesita urnas, necesita rumbo, gestión, empatía y liderazgo. Si el Gobierno no rectifica y no logra girar hacia un proceso de diálogo honesto, probablemente la crisis puede escalar a niveles donde todo el país pierda mucho más”. (KSQ)
