La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció que partidos y movimientos políticos provinciales, cajas de ahorro, bancos comunales, fundaciones y actores del sector asegurador serán incorporados como nuevos Sujetos Obligados. Con esta medida, el Gobierno amplía su cerco de control para detectar operaciones sospechosas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador.
El Gobierno de Daniel Noboa, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), amplía su red de control para prevenir y detectar el lavado de activos en Ecuador. En los próximos días se incorporarán nuevos Sujetos Obligados, entre ellos Cajas Centrales, Cajas y Bancos Comunales, Cajas de Ahorro, intermediarios de reaseguros, asesores y productores de seguros, partidos y movimientos políticos provinciales, así como fundaciones nacionales.
Con esta decisión, según la UAFE, “se busca reforzar los mecanismos de vigilancia financiera y promover una cultura de transparencia en sectores clave del sistema económico”.
Los Sujetos Obligados son personas naturales o jurídicas que, debido a la naturaleza de sus actividades, están legalmente comprometidas a reportar operaciones financieras inusuales o sospechosas. El objetivo es claro: cerrar espacios al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
La UAFE recordó que los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos establece la obligatoriedad de entregar reportes a la institución, conforme a la normativa vigente.
Estos reportes son una herramienta clave para identificar flujos de dinero ilícito y fortalecer la cooperación entre el Estado y el sistema financiero y no financiero.
En un comunicado, publicado a través de la red social X, se precisa que una vez emitida la Resolución de Llamamiento, cada uno de los sectores será notificado oficialmente, momento en el que comenzará su obligación formal de reporte ante la UAFE.
Mientras tanto, la institución instó a las entidades mencionadas a mantenerse atentas a los próximos comunicados y notificaciones oficiales, que se difundirán únicamente por los canales institucionales.
Como analizó anteriormente LA HORA, el lavado de activos en Ecuador podría llegar hasta el 6% del PIB anual, es decir, alrededor de $6.000 millones.
¿Qué es el lavado de activos y por qué es importante frenarlo?
Imagina que el dinero sucio es como una prenda manchada de barro: proviene de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas o el contrabando, y quienes lo obtienen no pueden usarlo abiertamente sin levantar sospechas. Entonces, buscan “lavarlo”, es decir, hacerlo parecer limpio, como si viniera de un negocio legal. A ese proceso se le llama lavado de activos.
El lavado de dinero suele tener tres etapas, aunque en la práctica se mezclan:
1.- Colocación: Es el momento en que el dinero sucio entra en el sistema financiero. Por ejemplo, alguien deposita pequeñas sumas en diferentes bancos, compra bienes de alto valor o invierte en negocios aparentemente legítimos.
2.- Estratificación (o capa tras capa): Aquí los delincuentes intentan ocultar el origen del dinero. Mueven los fondos entre cuentas, países o empresas “fantasma”, compran criptomonedas o utilizan facturas falsas para confundir el rastro. La idea es que nadie pueda seguirle la pista al dinero original.
3.- Integración: Finalmente, el dinero ya “limpio” regresa al circuito económico como si fuera legítimo. Puede aparecer en la compra de propiedades, inversiones, campañas políticas o incluso donaciones.
El lavado de activos es el motor financiero del crimen. Sin la posibilidad de blanquear su dinero, las organizaciones criminales perderían gran parte de su poder económico.
Además, distorsiona la economía: el dinero ilícito puede inflar precios, alterar la competencia y desviar inversiones hacia actividades poco productivas.
Asimismo, debilita las instituciones: abre la puerta a la corrupción, pues algunos actores buscan proteger a quienes lavan dinero.
Finalmente, afecta la reputación del país: cuando una nación se percibe como permisiva con el lavado, pierde confianza internacional, se encarecen las inversiones y se dificulta el acceso a financiamiento externo.(JS)
