Las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel y por los diversos problemas que enfrenta el Ecuador, este 22 de septiembre tuvieron poco respaldo y estuvieron focalizados.
En las ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil, las actividades cotidianas se desarrollaron con normalidad, en medio de una tensión y expectativa por posibles manifestaciones frente a la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa.
Este lunes 22 de septiembre empezó la segunda semana de protestas, pero estuvo lejos de lo que fueron los paros de 2019 y 2022, cuando los gobiernos de turno se vieron obligados a echar la medida para atrás. En esta ocasión solo hubo focos dispersos en tres provincias.
El Ejecutivo se adelantó y distribuyó a las fuerzas del orden en sectores estratégicos de las principales arterias viales del país y movió la sede de la Presidencia a Latacunga, corazón del movimiento indígena, para impedir que una posible manifestación avance hacia la capital.
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Pero no solo eso. Después de la eliminación del subsidio y en medio de los primeros conatos de manifestaciones, el Gobierno empezó la entrega de más de USD 300 millones en incentivos, que llegaron a 590.000 familias, como parte de lo que denominan el plan de redistribución de recursos.
Eso se sumó a una agresiva agenda del Primer Mandatario en las provincias de la Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Napo, donde hay mayores porcentajes de población indígena, que han sido los protagonistas de las anteriores paralizaciones. Además de un estado de excepción y toque de queda en muchos de esos territorios (Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi).
Junto a la crisis de inseguridad, la creciente debilidad de las organizaciones sociales y a los problemas internos del movimiento indígena, especialmente de la Conaie, todo esto ha favorecido al Ejecutivo en el avance de su agenda y en el control del orden público.
«Son pequeños grupos que no superan los 60 u 80 personas, hay un ánimo de trabajo en los ecuatorianos, no hay para nada un ánimo de apoyar un paro o caotizar el país», minimizó la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo.
El traslado de la cede de la vicepresidencia de la Republica a Otavalo en Imbabura, no surtió tanto efecto como la militarización intensa de Latacunga y el traslado del Primer Mandatario. Esa provincia fue el epicentro de las manifestaciones más largas e intensas de este 22 de septiembre.
En la mañana, un convoy militar salió desde el redondel de El Cajas con dirección a Otavalo para despejar la Panamericana Norte, donde se registraron varios cierres viales, que dejaron a decenas de vehículos particulares varados, en el marco del paro nacional convocado por la Conaie.
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El avance se detuvo en el sector de San Pablo, donde alrededor de 200 manifestantes intentaron impedir que los uniformados despejen la vía. Ahí sucedió el primer enfrentamiento de la jornada, con una mezcla de piedras, troncos y gas lacrimógeno.
Ante la magnitud de la resistencia de las comunidades, los militares evitaron continuar hacia Otavalo y decidieron regresar al redondel de El Cajas, abriendo nuevamente el paso que había vuelto a ser obstaculizado en 15 puntos distintos. Esto dejó una jornada marcada por choques intermitentes y un ambiente de tensión creciente en Imbabura.
