Desde el 10 de septiembre de 2025, los contribuyentes que actualicen o inscriban su RUC deben verificar si son sujetos obligados ante la UAFE debido a la actividad económica que realizan. Si lo son, tienen 30 días hábiles para registrarse; de no hacerlo, el SRI suspenderá el RUC.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) anunciaron que dan un paso conjunto para proteger la economía lícita del país y frenar la expansión de la economía criminal.
Desde el 10 de septiembre de 2025, los contribuyentes que inscriban o actualicen su Registro Único de Contribuyentes (RUC) deberán comprobar si son considerados sujetos obligados a reportar ante la UAFE.
En caso de estar en esta categoría, tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para obtener su código de registro en la UAFE. El incumplimiento de esta obligación no es menor: conllevará la suspensión inmediata del RUC, lo que afectaría directamente la continuidad de sus actividades económicas.
¿Quiénes son los sujetos obligados a reportar ante la UAFE?
La normativa alcanza tanto al sector financiero como a sectores no financieros. Entre ellos están:
- Sistema Nacional Financiero.
- Bolsa de Valores y Casas de Valores.
- Negociadores de joyas, metales y piedras preciosas.
- Negocios fiduciarios y notarías.
- Empresas de seguros.
- Transporte de dinero, especies monetarias y valores.
- Organizaciones políticas a nivel nacional.
De igual forma, aunque aún no hayan sido notificados formalmente por el SRI, las comercializadoras de vehículos, inmobiliarias y constructoras, administradoras de fondos, empresas de transferencias de fondos y correos paralelos, blindaje de vehículos, factoring, clubes de fútbol, entre otros, también están sujetos a cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos.
El SRI y la UAFE hicieron un llamado a la corresponsabilidad: cumplir con el registro evita sanciones y bloqueos legales, pero también se traduce en un aporte directo a la transparencia y la seguridad del sistema económico nacional.
“Proteger la economía lícita, cerrar espacios a la economía criminal y reforzar la confianza ciudadana en el sistema financiero y tributario es nuestro objetivo común”, destacaron ambas instituciones. (JS)
